En el marco de la Seguridad Democrática la política antidrogas se erigió como el brazo de hierro para destrozar el oxígeno económico de grupos terroristas.

Política Antidrogas

El narcotráfico ha sido el peor enemigo de nuestra democracia.

¿Cómo negar que el narcotráfico y sus mafias han corrompido, intimidado, amenazado, secuestrado, asesinado y torturado a nuestro país?

¿Cómo olvidar que el narcotráfico ha desatado cruel violencia, sacudiendo de la manera más dolorosa aquella forma de vida pacífica y serena que tanto hemos anhelado en nuestro país?

Pero, además, el costo que Colombia ha encajado y pagado en la lucha contra las drogas ha sido descomunal y con desgarrador dolor puede cuantificarse:

  • En las vidas de miles de policías, militares, fiscales, jueces y políticos honestos que con valentía y sacrificio infinito las han entregado enfrentando la mafia,
  • En las vidas de miles de ciudadanos de bien asesinados o torturados, víctimas directas y colaterales de una mafia despiadada.
  • En el cúmulo de dolor que arrastra y soportan miles de familias, en Colombia y en el mundo, que se ven destruidas como consecuencia de tener uno de sus miembros sumergido en la drogadicción;
  • En billones de pesos porque toda la inversión realizada a lo largo de nuestra historia para combatir este flagelo se hubiera podido destinar a mejor salud, educación e infraestructura para los colombianos, y, por supuesto,…
  • En el enorme daño moral que hemos asumido como resultado de la descomposición de valores implícita en el espejismo del dinero fácil.

Más aún, la historia reciente de Colombia es una en la cual comenzando el siglo el fenómeno del narcotráfico ya desbordaba la capacidad del Estado. Por ejemplo, en 2001 la siembra de cultivos ilícitos en Colombia alcanzó 164,000 hectáreas, gracias a lo cual el país se convirtió en el productor de más del 70% de la cocaína del mundo. Algunos denominaron este vergonzoso hito la colombianización de las drogas.

En ese entonces las mafias narcotraficantes de las FARC, el ELN los paramilitares y todo tipo de carteles de la droga lograron estigmatizar a Colombia ante el mundo de la peor forma posible.

Pero el narcotráfico iba a encontrar su más férreo enemigo en la voluntad popular que eligió a Álvaro Uribe como Presidente de Colombia entre 2002 y nuevamente en 2006. En efecto, con la llegada de Álvaro Uribe en 2002 a la Presidencia de la República el Estado desató una lucha frontal contra el narcotráfico como nunca se había visto en la historia del país.

Ciertamente, fue en el marco de la Seguridad Democrática que la política antidrogas del Presidente Uribe se erigió como el brazo de hierro para destrozar el oxígeno económico de grupos terroristas, narcotraficantes y delincuencia transnacional organizada. Desde luego, esto también fue posible gracias a la incondicional y valiosísima cooperación brindada por Estados Unidos, un gobierno amigo del Presidente Uribe.

Dicha cooperación permitió que la fuerza pública y las agencias antidrogas de nuestro país contaran con suficientes recursos y obtuvieran acceso a tecnologías de punta y personal especializado, con lo cual fue posible la repotenciación de las capacidades de monitoreo, detección, interdicción y destrucción de la droga.

Así las cosas, entre 2002 y 2010:

  • Se asperjaron 1’155,259 hectáreas de cultivos ilícitos.
  • Se destruyeron 19,866 laboratorios utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas
  • Se incautaron 
  • 3 toneladas de heroína
  • 1,359 toneladas de marihuana, un crecimiento de 133% con respecto a la línea base de 2002
  • 1,258 toneladas de cocaína, un aumento de 113% con relación a 2002
  • Se extraditaron 957 individuos solicitados por Estados Unidos en razón de encausamientos por narcotráfico en cortes federales de ese país.

Pero la política antidrogas impulsada por el Presidente Álvaro Uribe tuvo, adicionalmente, un componente social de suma importancia.

Un primer pilar fue el programa Familias Guardabosques, el cual consistió en darle al cultivador de hoja de coca la posibilidad de obtener ingreso, empleo y valorización de su patrimonio a través de la erradicación de su cultivo y posterior recuperación y protección del medio ambiente.

Estas familias recibían del Gobierno Nacional, por un lado, un estímulo económico que les permitió cofinanciar proyectos productivos y ambientales y, por otro lado, un robusto acompañamiento técnico – ambiental y social para darle sostenibilidad y viabilidad a los mismos.

Gracias a ello se sentaron las bases para el desarrollo sostenible en áreas libres de ilícitos.

Los resultados del programa hablan por sí solos, como quiera que a mayo de 2010:

  • 114,320 Familias Guardabosques habían sido beneficiarias del programa.
  • 43,658 familias   pudieron   establecer   084  hectáreas   con proyectos productivos en cacao, café, caucho, palma y forestales.

Debe resaltarse que el enfoque de lucha contra las drogas impulsado por el Presidente fue integral no sólo en el lado de la oferta sino también desde la perspectiva del consumo, abordando la drogadicción como un problema de salud pública.

De hecho, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes realizó una encuesta en casi 30 mil hogares, la cual arrojó como resultado que Colombia se había convertido en un país de consumo intermedio, inmediatamente se puso en marcha campañas de tipo preventivo como “La mata que mata” y herramientas como la “Estrategia de información, educación y comunicación frente al consumo de drogas: Colombia territorio libre de drogas.

Gracias a todo lo anterior el Presidente Álvaro Uribe logró sacar a Colombia del vergonzoso primer lugar en el escalafón de países productores de droga, recuperar cientos de miles de hectáreas que estaban siendo destruidas por los cultivos ilícitos, extender su corazón grande a las familias campesinas que vieron en los proyectos productivos lícitos una mejor forma de vida y de trabajo y, como se dijo, enfrentar osadamente la problemática de consumo de estupefacientes que tantas familias destruye.

Con todo, su mayor logro fue el de restaurar nuestro orgullo a la hora de revelar nuestro pasaporte y poder decir “somos colombianos”.