Desde el primer día de su mandato el Presidente Uribe manifestó un propósito indeclinable y desplegó un trabajo incansable para reactivar, impulsar y vigorizar la economía agrícola, rural y campesina de nuestro país.

Agricultura Fuerte

En Colombia el sector agropecuario es fundamental porque, por supuesto, es el soporte de la seguridad alimentaria de la Nación pero, además y quizás mas importante aún, porque determina la estabilidad económica, laboral, social y de orden público en las zonas rurales del país, es decir, en aquellas áreas en donde ha siempre brotado la amenaza narcoterrorista que tan cruentamente asoló a los colombianos.

Desde luego, es allí en donde la economía agropecuaria se ralentiza, retrocede o empobrece al campesino, se disparan los cultivos ilícitos, se abren los corredores para el narcotráfico y se sientan las condiciones propicias para que actores delincuenciales y terroristas puedan hospedarse y operar.

En últimas, la prosperidad del sector agropecuario colombiano no sólo es el fundamento de la seguridad alimentaria del país, sino también condición necesaria de la misma seguridad nacional.

En 2002 el Presidente Álvaro Uribe asumió el mando de la Nación con un sector agropecuario postrado, empobrecido y, en muchos de sus renglones, básicamente destrozado.

Ello obedecía, por un lado, a los efectos postreros de una política comercial que desde principios de los años noventa menoscabó el agro colombiano y, por otro, a la expansión narcoterrorista que desde finales del siglo pasado venía arrodillando y sometiendo al país, especialmente al campo.

Pues bien, desde el primer día de su mandato el Presidente Uribe manifestó un propósito indeclinable y desplegó un trabajo incansable para reactivar, impulsar y vigorizar la economía agrícola, rural y campesina de nuestro país. Más aún, esta gesta la llevó a cabo con una fuerza, un amor y una determinación que no se veían en Colombia desde hacía décadas.

Ahora bien, semejante política de recuperación agrícola nacía no sólo del afecto y el apego que el propio Álvaro Uribe siente por el campo, sino también, y sobretodo, de su claridad de visión en torno a la importancia estratégica del sector agropecuario colombiano para la seguridad y la estabilidad de la Nación. Tanto así, que la consigna a su equipo de gobierno siempre fue: “Una agricultura fuerte debilita el terrorismo”.

No sorprende entonces que las políticas agropecuarias durante el gobierno del Presidente Uribe hayan generado resultados sumamente positivos para el bienestar y la estabilidad de las zonas rurales de nuestro país y, más aún, para Colombia en general.

En particular, la política agropecuaria giró en torno al programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Este garantizaba por lo menos medio billón de pesos anuales para el sector agropecuario, monto que se incrementaba año por año para preservarlo en términos reales.

La principal razón de ser del programa fue proteger y defender a nuestros agricultores y productores del campo de la competencia desleal y subsidiada proveniente de otros países.

¿Cómo?

Mediante estímulos a su productividad y competitividad. Pero esta no fue la única razón, había otra.

En efecto, muchos de los recursos que en el pasado se habían asignado desde el Ministerio de Agricultura fueron entregados a dedo. Desde luego, eso se prestó en su momento para roscas, padrinazgos y favoritismos politiqueros, evitando que los recursos quedaran bien invertidos.

Por lo tanto, una segunda razón de ser de AIS fue transformar la forma de asignación de los recursos en el Ministerio de Agricultura, transitando hacia un esquema por demanda, por convocatorias y concursos, público y abierto a todos los agricultores y regiones del país.

Como si esto fuera poco, para imprimir todavía más transparencia los recursos de AIS no se asignaban desde el Ministerio, sino que eran adjudicados por entidades independientes que gozaban de plena autonomía e idoneidad técnica, a saber:

• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA);
• El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que pertenece al consorcio de centros de investigación agrícola del “Consultative Group for International Agricultural Research” (CGIAR);
• Los diversos Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario colombiano (CENI’s); y…
• Diferentes gremios de la producción.

En concreto, el proyecto AIS incorporó incentivos diseñados para que los productores del campo colombiano pudieran:

• Adquirir maquinaria e infraestructura productiva: tractores, sembradoras de precisión, segadoras, tanques de frío, silos, invernaderos, nivelación por laser, motores de diferente tipo, entre muchos otros ejemplos;
• Incorporar sistemas de riego y drenaje a sus cultivos;
• Pagar las tasas de interés más bajas del mercado;
• Acceder a instrumentos financieros de protección contra caídas inesperadas en tasa de cambio y/o en el precio internacional de los productos;
• Contar con una asistencia técnica integral, moderna, no politizada y permanente; y…
• Beneficiarse de innovaciones y paquetes tecnológicos de punta derivados de la investigación en ciencia y tecnología.

Naturalmente, los incentivos del programa AIS no fueron diseñados como resultado de la improvisación, todo lo contrario, se diseñaron estudiando cuidadosamente la experiencia internacional, recogiendo las experiencias exitosas y aprendiendo de los casos fallidos.

Adicionalmente, el programa AIS garantizaba una distribución justa, equitativa y progresiva de todos los recursos.

En efecto, por donde se le quiera examinar, AIS fue uno de los programas del gobierno del Presidente Uribe con mejor distribución y focalización de los incentivos en favor de los pequeños y medianos agricultores. Jamás fue un programa sesgado hacia los ricos o hacia los grandes productores.

Las cifras hablan por sí solas.

El programa AIS benefició 382 mil familias del campo, sobre 1.2 millones de hectáreas. Es decir, benefició a un millón y medio de personas en parcelas de 3 hectáreas en promedio.

Esto representa el 10% de la población rural, casi todos pequeños o medianos, como quiera que el 98% de las familias beneficiadas eran constituidas por pequeños y medianos agricultores quienes, además, recibieron el 84% de todos los recursos.

Lo que sucede, y ello seguramente incomoda a ciertas vertientes ideológicas, es que el programa AIS no castigó ni excluyó al empresario que genera empleo y estabilidad social en el campo.

Por otro lado, gracias a AIS, entre 2002 y 2010:

• El volumen de crédito agropecuario irradiado a través de FINAGRO se cuadruplicó, alcanzando los cuatro billones de pesos.
• Se recuperaron un millón de hectáreas de frontera agrícola productiva (pasando de 4 millones a 5 millones de hectáreas sembradas).
• La productividad promedio del agro colombiano se incrementó en 13%.
• Se registró un aumento de 92% en el valor de las exportaciones agrícolas colombianas, las cuales pasaron de $US 664 (dólares) a $US1,290 (dólares) por tonelada.
• La producción total del campo colombiano aumentó en 5 millones de toneladas de alimentos y productos del campo (llegando a 27 millones de toneladas).
• El país quedó blindado ante cualquier crisis de seguridad alimentaria, como la que vivían y siguen viviendo otros países del vecindario, o como la que pudiese haber desencadenado un evento de fuerza mayor tipo epidemia.
• La inflación de alimentos cayó a niveles históricamente bajos, lo cual constituye una gran conquista para el pueblo colombiano, especialmente para las clases medias, bajas y trabajadoras.
• El desempleo rural alcanzó mínimos históricos y alcanzó incluso a gravitar en torno a 7%.

Debido a todo lo anterior la recuperación de la seguridad en los campos y la batalla contra el narcoterrorismo pudo ser sostenible.

Es decir, el programa AIS fue un soporte fundamental de la misma Seguridad Democrática.

Por supuesto, la política agropecuaria del Presidente Uribe no se limitó al programa AIS.

De hecho, su política de tierras también generó impactos enormes sobre el bienestar y la calidad de vida de cientos de miles de familias que hasta ese momento no contaban con un predio propio para trabajar.

En este sentido fueron varios los hitos que deben resaltarse.

• Primero, en 2002 se tomó la decisión de liquidar el INCORA, entidad encargada de procesos de reforma agraria, pero que arrastraba un pesado lastre de corrupción.
• Así pues, con la liquidación del INCORA (y otras 3 entidades del sector rural) y la creación del INCODER (con una planta de personal mínima) el gobierno del Presidente Uribe comienza a implementar su postulado de austeridad administrativa y cero tolerancia a la corrupción en los procesos de tierras.
• Segundo, en 2003 se decidió que cada predio extinguido a la mafia se entregaría al campesinado.
• Tercero, en 2006 se diseñaron y comenzaron a implementar unas convocatorias de predios para el campesino sin tierra que, por su rigor, por su diseño y por no ser una política ofertista, cerraron el espacio a la corrupción del pasado.
• Por ejemplo, las convocatorias impedían que funcionarios corruptos adquirieran tierra mala por precios elevados, cobraran una mordida a los vendedores y luego entregaran el predio a campesinos engañados.
• Cuarto, en 2006 se puso en marcha programa de recuperación de tierras denominado CONRET.
• Gracias a este programa el gobierno del Presidente Uribe recuperó 30 mil hectáreas que habían sido despojadas las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó.
• A pesar de las amenazas del terrorismo sobre los funcionarios del Ministerio de Agricultura que impulsaban CONRET, el programa valió la pena, toda vez que abrió el camino para una solución definitiva al despojo de tierras en Colombia.
• Tanto así que la propia Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación así lo reconoció y lo publicó.
• Quinto, durante el gobierno del Presidente Uribe se titularon o adjudicaron casi 5 millones de hectáreas a 223 mil familias campesinas y desplazadas.
• Sexto, el equipo de gobierno del Presidente Uribe hizo respetar la propiedad pública por encima de todo.
• Por ejemplo, ¿cómo olvidar que fue su gobierno el que recuperó los derechos de propiedad de las Islas del Rosario para el país?
• He ahí algo que nadie se había atrevido a hacer debido a los intereses poderosos que se oponían.

Por otro lado, el Presidente Uribe y su equipo de gobierno llevaron a cabo una transformación profunda y radical del sistema de sanidad agropecuaria del país. Ello era condición necesaria para que los productos del campo colombiano pudieran iniciar su conquista de los mercados externos en el marco de los acuerdos de libre comercio que fueron negociados.

En consecuencia, el presupuesto de inversión y funcionamiento del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fue incrementado casi en un 300% entre 2002 y 2009.

Esta mayor apropiación de recursos generó resultados maravillosos como la certificación de Colombia como país 100% libre de aftosa por parte de la Organización Internacional de Epizootias (OIE).

En suma, fue un gran legado el que Álvaro Uribe dejó al campo colombiano y, de este modo, a toda Colombia.

Fue Álvaro Uribe quien volvió a traer esperanza, inversión, productividad, fuentes de empleo, mercados externos y, como es obvio, un salto de bienestar y calidad de vida como no se veía hacía mucho tiempo a quienes laboran y prosperan en el agro colombiano, tanto el pequeño campesino como el mediano y gran productor.

Con ello generó los resultados que más anhelaba nuestro país: seguridad alimentaria y paz verdadera mediante sostenibilidad de la Seguridad Democrática.

Y, tal como lo pedía su consigna, “… la agricultura se hizo fuerte y el terrorismo débil”.