Interceptaciones Ilegales

LA VERDAD SOBRE LAS INTERCEPTACIONES Y SEGUIMIENTOS ILEGALES EN COLOMBIA

Lo primero que vale la pena preguntarse es: ¿por qué la justicia colombiana NUNCA ha investigado las interceptaciones ilegales al Presidente Uribe y cuya existencia sí está probada al haber sido filtradas a los medios de comunicación?

Lo segundo que se debe señalar es que el DAS no contaba con tecnología para realizar interceptaciones telefónicas.

Lo otro que es necesario poner de presente es que, en medio del escándalo mediático e incluso en los procesos penales que nacieron con todo esto, jamás se señaló al DAS de la época de haber cometido hechos de corrupción o de haber perpetrado acciones que hayan afectado la integridad de las personas, ni siquiera intrusiones domiciliarias.

Se trata entonces de un debate jurídico – político sobre lo que se puede hacer en materia de inteligencia de Estado. Por lo tanto, estamos ante una controversia indebida e injustamente criminalizada; controversia por la cual María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, Bernardo Moreno, exsecretario privado del Presidente Uribe, y otros funcionarios fueron acusados y condenados en medio de procesos penales plagados de anomalías y violaciones al debido proceso y derecho de defensa.

Ello, como es de público conocimiento, en el contexto de un agudo enfrentamiento entre el entonces Presidente de la República y una Corte Suprema de Justicia que, como se supo años después, no sólo procedía con criterios políticos en contra de cualquier funcionario del exmandatario, sino que además era gobernada por una camarilla de extorsión criminal conocida como Cartel de la Toga.

En este caso la aberración judicial es más protuberante toda vez que la propia Corte Suprema de Justicia, la misma que juzgó y condenó a los funcionarios que terminaron envueltos en el escándalo, se declaró a sí misma víctima del DAS. Es decir, la supuesta víctima juzgando no sólo a su supuesto victimario, sino a quienes sirvieron y defendieron a quien consideraba su peor enemigo.

La anomalía judicial es tal, que ni a María del Pilar Hurtado, ni a Bernardo Moreno los condenaron por interceptaciones ilegales, sino por delitos diferentes e inconexos que tuvieron que confeccionar en su contra.

Ahora bien, es cierto que mucho después de que hubiera estallado el escándalo se conocieron unas grabaciones ilegales realizadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la Sra. Alba Luz Flórez, apodada por los medios de comunicación como La Mata Hari. No obstante, es necesario resaltar que toda labor de inteligencia que cualquier agente realizaba debía tener fundamento legal. Lo que algún agente hiciera por fuera de la legalidad y por fuera de la línea de mando era su propia y directa responsabilidad. Es el caso de La Mata Hari.

Como era de esperarse, con dichos audios pretendieron señalar al Presidente Uribe y a varios de sus colaboradores de ser los responsables de los inexistentes seguimientos e interceptaciones ilegales del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia. La cruda verdad es que ni el Presidente Uribe, ni María del Pilar Hurtado, ni Bernardo Moreno tuvieron acceso a los audios de la Sra. Flórez.

Paradójicamente, con los audios el país se enteró de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia afirmaban sin pudor alguno que, en casos de funcionarios del gobierno del Presidente Uribe, se debía fallar políticamente y no en derecho.

Más aberrante aún, en enero de 2020 los medios de comunicación informaron que en el despacho de uno de los magistrados investigadores del Presidente Uribe se habían encontrado unos micrófonos ocultos. Inmediatamente sus oscuros e inescrupulosos enemigos volvieron a enlodarlo con la falaz narrativa del espionaje de las agencias del Estado en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Como ya es costumbre en las cajas de resonancia de maledicencia y calumnias en contra de Álvaro Uribe, el medio responsable de dar la primicia aseveró que la información provenía de una fuente seria y creíble.

Mentira.

Al poco tiempo la empresa Compensar publicó un comunicado de prensa indicando que los micrófonos hallados en el despacho del magistrado hacían parte del sistema de comunicación que había sido instalado en su Dirección cuando ésta operaba en las instalaciones que luego se convertirían en despacho del magistrado. Compensar añadió que los micrófonos habían sido desactivados antes de entregar las instalaciones y que la razón por la que no se habían retirado fue en cumplimiento del acuerdo comercial establecido con el propietario del edificio.

Por supuesto, el medio responsable de la falsa noticia nunca se retractó.

Con todo, interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a la manera de ser del Presidente Uribe. Sin duda, el falso relato de las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de Uribe y su gobierno no es otra cosa que una burda retaliación de quienes en su momento hacían parte de una causa judicial política y corrupta en contra de un Presidente que se atrevió a enfrentar y revelar el hedor y la inmundicia que dichos operadores de justicia arrastraban.

Lo cierto es que, en medio de todo este episodio, las únicas interceptaciones ilegales que realmente existen son aquellas en contra del propio Presidente Uribe. Tristemente, las autoridades judiciales se niegan a investigarlas. Ello lo dice todo.